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Evo Morales y los límites del socialismo del siglo XXI

por Angus McNelly

2 de marzo 2016

El referéndum constitucional celebrado la semana pasada en Bolivia puso al descubierto las contradicciones y tensiones que residen en el fondo de la política boliviana, después de diez años de poder del Movimiento al Socialismo (MAS).

El pasado 21 de febrero se llevó a cabo en Bolivia un referéndum constitucional para decidir si el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera deben seguir gobernando otro mandato o no.

La propuesta de modificar el artículo 168 de la constitución que permitiría al presidente y al vicepresidente seguir en el gobierno durante tres mandatos consecutivos fue rechazada con un 51,3% de los votos. Ahora que después de una larga y batallante campaña la situación se ha empezado a calmar, es importante reflexionar acerca de las lecciones aprendidas de dicho referéndum. El resultado es una clara expresión de algunas de las contradicciones que yacen en el corazón de la presidencia de Evo Morales.

El referéndum ha puesto en evidencia las tensiones que hay en la economía política  de Bolivia entre los estilos de vida indígenas —el Buen Vivir— y el modelo neoextractivista del Estado por un lado, y entre el gobierno de los movimientos sociales y los movimientos sociales en sí mismos, por el otro lado.

El gobierno del MAS se caracteriza por la continuidad con los gobiernos anteriores más que por su ruptura; parece ser incapaz de cortar con la lógica del periodo neoliberal anterior a él. La economía sigue dependiendo de las exportaciones primarias, y la informalidad y la precariedad son una realidad persistente para muchos bolivianos. El Estado tuvo la oportunidad, en su momento, de alterar radicalmente la naturaleza de la economía política de Bolivia pero, por el contrario, siguió tapando las grietas del sistema económico predominante.

LA PROMESA INICIAL DE EVO MORALES

Para muchos en la izquierda, Bolivia es un lugar de esperanza. Es un ejemplo del poder de los movimientos, de lo que sucede cuando los oprimidos y excluidos se sublevan y luchan en contra de las narrativas políticas dominantes y rígidas, en contra de los modelos económicos.

Durante los primeros años después de su victoria electoral, el MAS gozó de la buena voluntad residual que se desprendió de las victorias de los movimientos sociales de los 2000-2005.  Este fue el periodo que presenció las protestas masivas que impidieron los intentos de privatización, el derrumbe de los gobiernos neoliberales y la proliferación y articulación de ideas radicales en una sociedad muy movilizada.

El apogeo de estos movimientos sin duda se enmarca en las tan conocidas Guerras del Gas de octubre de 2003 y junio de 2005, donde cientos de miles de personas se movilizaron para exigir la renacionalización de los hidrocarburos y la dimisión del presidente. Evo Morales fue la representación de este momento dentro del Estado ya que lideró, supuestamente, un gobierno de movimientos sociales. Aunque inicialmente el MAS consiguió un apoyo significativo por parte de la mayoría de los sectores populares, las tensiones de esta configuración no se contuvieron por mucho tiempo.

Una de las características principales dentro la coyuntura de la cual emergió esta inmensa movilización social fue la crisis fiscal del Estado. La privatización de la principal fuente de ingresos del estado boliviano —la empresa estatal de hidrocarburos Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YFPB— y el lento crecimiento del PIB durante finales de los noventa debido a las contradicciones del capitalismo neoliberal limitó seriamente la habilidad del Estado de funcionar correctamente, en muchos sentidos.

En primer lugar, los ingresos públicos extraídos de los hidrocarburos que se destinaban a las localidades municipales desaparecieron, hecho que desató un amplio descontento especialmente entre los municipios pobres y rurales. En segundo lugar, la creciente deuda situó a Bolivia cada vez más bajo el control de las instituciones financieras internacionales (incluyendo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional) restringiendo la capacidad del Estado de responder a la crisis. El FMI exigió que el déficit presupuestario (en gran parte resultado de los programas de privatización apoyados por el mismo) se maquillara, fulminando el gasto social y los impuestos regresivos.

Por eso, los movimientos sociales exigieron una restructuración de la economía política neoliberal de Bolivia. Durante los enfrentamientos violentos del impuestazo en febrero de 2003, estos rechazaron los impuestos regresivos y en las protestas populares de las dos Guerras del Gas pidieron la renacionalización de los hidrocarburos y el fin del neoliberalismo en Bolivia.

Evo Morales fue llevado al palacio presidencial bajo una ola de optimismo, con el respaldo de estos movimientos. No solo fue el primer presidente indígena de Bolivia sino que representó un desafío al orden neoliberal que había dominado en este país desde 1985. Trajo un nuevo periodo de esperanza y la expectativa de que la economía política de Bolivia iba a ser reorganizada bajo principios radicalmente distintos para el beneficio de la mayoría de bolivianos. Sin embargo, en los últimos años el proceso de cambio parece haber perdido su rumbo, la esperanza que radiaba durante los inicios del gobierno de Morales está siendo remplazada por las crecientes contradicciones del Estado.

El gobierno se ha arruinado debido a los numerosos escándalos de corrupción de los últimos meses, de los que Morales no ha salido ileso. El referéndum constitucional es pues la última expresión de las tensiones que se encuentran en el centro del socialismo del siglo XXI.

¿UNA “NUEVA” ECONOMÍA POLÍTICA DE BOLIVIA?

Al contrario de lo que indican los resultados del referéndum del pasado 21 de febrero, Evo Morales sigue siendo popular entre la población boliviana. En enero, el índice de aprobación aun estaba entre el 60 y el 70 %.

Evo y su partido, el MAS, fueron el primer partido en ganar por mayoría en unas elecciones presidenciales desde el retorno de la democracia en 1982, y fueron el primer gobierno en funciones en ser reelegido, algo que ahora han conseguido por segunda vez. Detrás de este éxito electoral se encuentran un crecimiento de la economía y una imagen del gobierno como impulsor de la redistribución y la reducción de la pobreza; imagen que se utilizó para la campaña del “sí”, con eslóganes que destacaban los cambios que ha habido en Bolivia bajo el mandato del MAS.

Sin embargo, dentro de la economía política de Bolivia hay grietas visibles, problemas que los protagonistas de la campaña del “no” realzaron.

En primera instancia, el gobierno ha querido fomentar una imagen de redistribución , introduciendo programas de transferencia condicionada de recursos (TCR) dirigidos a los pensionistas, niños y madres jóvenes. La dramática operación militar encargada de reapropiarse de los campos de hidrocarburo, que en 2006 pertenecieron al YPFB, fue diseñada para el mismo efecto. Sin embargo, esto se realizó únicamente de cara a la galería, una inteligente estrategia de las relaciones públicas que mostraba al gobierno como un ente que actuaba bajo las demandas de los movimientos sociales.

En realidad, más que nacionalizar la industria lo que hizo el gobierno fue firmar cuarenta y cuatro contratos nuevos con las doce compañías petroleras más grandes. También acordó contratos de exportación con Argentina y Brasil, medida que en combinación con el auge global de bienes básicos entre 2008 y 2013 incrementó la tasa media de crecimiento del PIB del 3,3% por año entre 1996 y 2006 al 5% entre 2006 y 2014.

El Estado ha centrado sus esfuerzos no en la redistribución de su riqueza sino en un programa de lo que el Washington Post ha etiquetado de “prudencia fiscal”, construyendo reservas extranjeras para asegurar la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, aun con un insignificante 1,6% del PIB gastado en programas de transferencia condicionada de recursos, el auge global de bienes básicos ha ayudado a reducir de forma significativa la pobreza bajo el mandato del MAS. La pobreza disminuyó del 59,6% al 39,1% entre 2005 y 2013, y la pobreza extrema se redujo del 36,7% al 18,8% durante el mismo periodo.

Sin embargo, los centros de acumulación de capital en Bolivia siguen en la misma situación ya que el MAS ha sido incapaz de transformar (o no ha querido)  la estructura de la economía política de Bolivia. Las decisiones tomadas por este gobierno durante su primer mandato tuvieron un gran impacto en la reciente trayectoria de Bolivia. Morales tenía la clara responsabilidad de nacionalizar los hidrocarburos, un mandato que aparentemente ignoró. El capital multinacional de las agroindustrias de tierras bajas, los hidrocarburos y la minería complementados por la burguesía naciente de las cooperativas mineras, las operaciones comerciales, el contrabando y los narcóticos siguen siendo los principales sectores de la acumulación capitalista.

Hasta ahora, Bolivia ha podido mantener su tasa de crecimiento del PIB, con un promedio del 5,2% en enero y febrero de este año. Pero, lo que preocupa particularmente dentro de este contexto de continuo silencio respecto a la economía boliviana es el mantenimiento de los precios de los productos básicos (especialmente el de los hidrocarburos).

Pese al contrato bilateral de proveer gas natural a Brasil hasta 2019, el contrato con Argentina está en proceso de renovación, y el precio del gas boliviano ha caído un 43% en Argentina y un 53% en Brasil en el último año.

Con predicciones negativas respecto al crecimiento global del PIB en 2016 y con la ausencia de señales de crecimiento del precio del petróleo en el futuro próximo, el modelo neoextractivista pasará por un periodo de alto nivel de estrés.

Aun con los recientes descubrimientos de gas en Boicobo, Ipaguazu y Boyuy, que han supuesto el crecimiento de un 40% de las conocidas reservas bolivianas, el gobierno tendrá que luchar contra el débil rendimiento económico, y es probable que fomente nuevos modelos de acumulación para mantener las recientes tasas de crecimiento del PIB en Bolivia. De hecho, ya hemos percibido signos de ello con la acogida por parte de Morales de la feria de inversión patrocinada por el Financial Times en octubre del pasado año en Nueva York.

PRINCIPIOS INGÉNUOS Y EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI

Las tensiones dentro del régimen de Morales no se limitan ni de lejos únicamente a la economía política. El modelo neoextractivista descrito anteriormente es completamente opuesto al principio indígena del Buen Vivir que Evo Morales supuestamente defiende.

En el epicentro de este principio reside el respeto a la pachamama ­— la Madre Tierra— y la convicción de que el ser humano y el mundo natural existen en estable harmonía; un balance delicado donde los humanos son parte de un ecosistema más grande y de un mundo espiritual. Esta cosmología se caracteriza por una concepción cíclica del tiempo y por la presencia del pasado en el presente: la topología de los Andes cuenta historias de acontecimientos de eras pasadas. Las comunidades indígenas creen que los protagonistas de estos cuentos (sus ancestros) son las laderas coloridas y los picos nevados de los Andes.

Esto contrasta radicalmente con las ideas que apoya el extractivismo: la dominación del mundo natural a través del uso de la tecnología y de la maquinaria. Los humanos conquistan las vicisitudes del mundo natural (su temperatura extrema y clima, su cambio de estación y los ciclos anuales) arrasando con la Madre Tierra, que existe para los humanos como algo a lo que explotar.

Así, estos son posicionados por encima de los ecosistemas del mundo natural, con las sociedades modernas capitalistas separadas de los ecosistemas naturales y no como dos esferas inseparables. La esperanza de vida de la extracción de recursos es teleológica, una progresión lineal dirigida hacia un final definido puesto que el recurso finito se agota, algo que no concuerda mucho con la concepción cíclica apoyada por las comunidades indígenas.

El reciente escándalo en el que Evo Morales se ha visto implicado captura estas contradicciones del MAS. En 2007 Morales fue padre de un niño junto a Gabriela Zapata, una cruceña blanca que trabaja para la compañía china CAMC y que negocia contratos con el estado de Bolivia. Bajo el mandato de Morales, la CAMC ha sido premiada con 500 millones de dólares con contratos estatales de desarrollo; la firma multinacional responsable de la construcción de infraestructuras (incluyendo un tren eléctrico) es un apoyo para la economía extractiva de Bolivia. Corre la noticia de que los intereses de una descendiente blanca europea, junto a aquellos con capital multinacional, se han situado por encima de los intereses de la mayoría indígena boliviana.

Así pues, no es sorprendente que el descubrimiento de este escándalo a principios de febrero seguramente haya inclinado la balanza a favor del “no” (el “sí” estuvo, acorde a algunos encuestadores, por delante del “no” por cinco puntos justo un mes antes del referéndum). El gobierno de Morales no sólo se está pareciendo cada vez más a sus predecesores, incapaces de parar la corrupción que ha estado omnipresente en el estado boliviano en sus distintas facetas, sino que el escándalo subraya también la continua subordinación de los intereses indígenas a los del capital.

Hay otra seria contradicción en el MAS, una tensión que se encuentra en la misma esencia del referéndum constitucional. La unidad social Aymara de los ayllu no está organizada alrededor de los ideales liberales de “derechos” y “responsabilidades” sino de los principios de “rotación” y “obligación”. Se espera que todo aquel que forma parte de una comunidad lleve a cabo ciertas tareas en momentos determinados, y después ceda la responsabilidad a su sucesor. Los movimientos sociales tomaron estos principios (especialmente en El Alto, donde la población es mayoritariamente Aymara) y las familias fueron obligadas a enviar a uno de sus miembros a las barricadas, los encuentros o las marchas.

En los ayllus la “obligación” es sustituida por la “rotación”: una vez un miembro de la comunidad ha llevado a cabo su rol, es cuando se le pasa el turno a otro. Evo Morales, al demandar un cuarto mandato, entra en conflicto directo con la idea de “rotación” del liderato, un ideal que él supuestamente representa.

Muchos de los defensores principales de la campaña del “no”, incluyendo el gobernador de La Paz Felix Patzi, han captado este desacuerdo entre la retórica de los principios indígenas y las acciones del gobierno. El referéndum constitucional representa un rechazo a la tradición y los principios indígenas, y muestra de forma clara la brecha entre el Estado y la mayoría indígena que forma las base de soporte del MAS.

¿UN “GOBIERNO DE MOVIMIENTOS SOCIALES”?

El MAS es, acorde al vicepresidente García Linera, un gobierno de movimientos sociales. Evo Morales es el líder de las seis federaciones de producción de coco del Chapare, y antes de convertirse en presidente fue un activista social. Las consecuencias de haberse establecido como un gobierno de movimientos sociales han resultado en cierto modo inesperadas.  A muchos de los protagonistas de las luchas de los 2000-2005 se les adjudicaron posiciones dentro del gobierno, decapitando el liderazgo de la sociedad civil local y cimentando los canales oficiales del gobierno como ruta legítima del cambio.

Esto cerró las vías alternativas para promulgar el cambio desde abajo. Los movimientos sociales fuera del control estatal fueron etiquetados de contrarrevolucionarios por ser conducidos por líderes egoístas que superponían sus propias necesidades a las de la nación. Es interesante notar cómo esta polémica (que se dirigió principalmente a los líderes de la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia en el conflicto que empezó en el 2011 sobre la construcción de una carretera en el parque nacional del TIPNIS) se contradice con el plurinacionalismo que supuestamente respalda el estado boliviano.

Situar las necesidades de la nación por debajo de las de un grupo particular no es compatible con un plurinacionalismo verdadero, ya que las necesidades de todos los grupos, todos en su propio derecho de “nación”, deben ser consideradas iguales. La represión violenta a los movimientos sociales no estatales desafía esta idea de gobierno de movimientos sociales.

Además, la integración de algunas comunidades y líderes dentro del Estado les ha ofrecido el acceso a recursos estatales, promoviendo estatus individuales y propiciando el desarrollo de algunas comunidades por encima de otras. Esto ha tenido numerosos efectos en la sociedad boliviana. En primer lugar, ha fomentado una lucha intercomunitaria ya que los grupos de las tierras bajas del TPNIS desconfían de las naciones indígenas del altiplano y viceversa. Además, los ayllus del Potosí llevaron a cabo una protesta masiva en el 2011 ya que se sentían agraviados porque el Estado no había destinado recursos a su departamento.

En segundo lugar, y quizás más gravemente, ha creado un conflicto intracomunitario entre aquellos que tienen acceso a los canales oficiales del Estado y aquellos que quieren radicalizar el proceso de cambio. Así pues, algunos de los líderes de los ayllus ven el régimen de Morales peor respecto a los gobiernos neoliberales de los años ochenta y noventa ya que han presenciado como sus comunidades se han ido dividiendo cada vez más durante estos últimos diez años.  El referéndum constitucional sacó a la luz estas tensiones intracomunitarias, con comunidades (incluso familias) divididas entre el “sí” y el “no”.

¿UN PASO EN LA DIRECCIÓN CORRECTA?

El referéndum constitucional nos ha enseñado mucho acerca de la situación actual en Bolivia: acerca de la economía política de la Bolivia de Evo Morales; acerca de la relación entre comunidades indígenas, el Estado y la acumulación del capital; y acerca del impacto del MAS, con la pretensión de ser un “gobierno de movimientos sociales”.

La conclusión a la que podemos llegar es que hay un problema con respecto a las bases del socialismo del siglo XXI. Ha habido demasiada continuidad y poca ruptura, y las viejas instituciones del Estado y la acumulación del capital no han sido ni  desafiadas ni transformadas. El capital transnacional aun domina el paisaje económico, a menudo a expensas de las comunidades indígenas y de los movimientos sociales que forman el apoyo de base del gobierno de Morales.

El referéndum constitucional simplemente resalta el exceso de las contradicciones que contiene esta continuidad con las viejas formas políticas y la economía política. Nos recuerda no cuán lejos ha llegado Bolivia sino todo el camino que le falta por recorrer. Esta es una oportunidad para reflexionar acerca de los errores del pasado, y para contemplar lo que podría haber sido en el surgimiento de un momento de oportunidad radical.

La victoria del “no” ofrece una nueva oportunidad, pero si el régimen de Evo Morales nos ha enseñado algo es que una transformación social seria solo puede venir de una ruptura radical con el pasado.

Fuente: ROAR Magazine